Entrevista a María Rosa Rotondo, Presidenta de PACE, Public Affairs Community of Europe, Presidenta de APRI, Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales y Managing Partner España y Portugal de Political Intelligence.
Entrevista por Roberta Sciacca, Consultora para España en Nonsoloambiente.it
El mundo del lobby y los asuntos públicos está viviendo enormes cambios, en la transición de lo tradicional a lo digital, lo que afecta significativamente a la creación y gestión de las relaciones profesionales e interpersonales. ¿Cuál es su visión en su doble papel de Managing Partner de una de las mayores empresas españolas del sector y Presidenta de APRI y PACE, las asociaciones española y europea respectivamente de Asuntos Públicos?
A los cambios introducidos por la digitalización y por tecnologías como la inteligencia artificial, añadiría uno muy drástico: los cambios que la pandemia ha provocado en nuestros hábitos. Los confinamientos y cuarentenas han acelerado todo el proceso de digitalización del contacto; y poder mantener reuniones online reduce drásticamente las barreras de acceso. España es un país grande y en muchas ocasiones los políticos relevantes para un proyecto se encuentran en otros territorios, por lo que mantener una reunión de forma telemática resulta un gran avance para nuestra profesión. A largo plazo, va a conducir seguramente a una gestión de los asuntos públicos a nivel global mucho más sencilla.
Yo trabajo en España, que es mi foco principal de actuación, pero los clientes con los que trabajo son en muchas ocasiones los consejeros delegados o los responsables de Public Policies o de Government Affairs de compañías multinacionales. Se trata de directivos que pueden llegar a estos puestos casi de repente y para ellos es mucho más fácil atender estas nuevas responsabilidades porque pueden realmente tener un acceso global a todos sus stakeholders de interés.
La digitalización ha generado nuevas pautas de comportamiento, pero ¿es el único cambio social que está afectando a la profesión?
Pandemia y digitalización son los primeros cambios que han “puesto el turbo”, pero no los únicos. Añadiría también que la profesión se va a ver muy afectada por la transparencia de la gestión de intereses. En estos años he podido percibir cómo la sociedad civil, sobre todo a través de las organizaciones sociales, está mucho más vigilante y utiliza las medidas de transparencia para vigilar a los reguladores. Lo he notado en mi día a día, pero también lo he constatado dentro de España con los demás miembros de APRI; y a nivel europeo, con mis colegas en PACE.
A nivel sectorial, esta presión se empieza a notar mucho en el ámbito energético y medioambiental, porque son temas muy capilares que afectan a muchas personas en diferentes territorios de una manera u otra y eso hace que, por ejemplo, un pastor de ovejas en Cuenca se interese por el desarrollo de la energía fotovoltaica o eólica porque le impacta de forma directa. Son temas tan capilares que hacen que la gente tenga más interés en participar en los asuntos públicos. Pensemos en ese pastor que mencionaba: podría estar interesado en pedir, por ejemplo, una modificación fiscal de su régimen de impuestos. Parecen asuntos lejanos, pero tienen implicaciones directas en la vida de todos los ciudadanos.
Habla de una mayor exigencia con respecto a la transparencia, pero ¿está creciendo también la conciencia social hacia los temas medioambientales?
En los temas de medio ambiente y sostenibilidad tenemos consumidores más conscientes, que se adelantan a los cambios generando consecuencias interesantes: por ejemplo, el desarrollo de la energía fotovoltaica en España es prioritario, pero solo será potenciado si consigue preservar el territorio en el que se implantan las plantas solares. Si los vecinos de esos territorios se oponen, por muy necesaria que sea la energía, las plantas no se van a autorizar. Ante esta novedosa presión social, las empresas energéticas han desarrollado el concepto de plantas ‘agro-fotovoltaicas’, que combinan la convivencia de la agricultura con las plantas fotovoltaicas.
Estas situaciones se derivan del acceso a la información y de una mayor vigilancia, con los temas sociales y medioambientales en el foco de atención y numerosos actores (e intereses) que se multiplican. Las empresas tienen que contemplar todos estos intereses, de un modo coordinado para que todo salga bien, lo que requiere de un profundo conocimiento del entorno. Porque si una empresa va diciendo que se va a implantar en un territorio, pero, por acción o por omisión, no muestra preocupación por lo que pase con esos campos, antes o después, esa planta en cuestión no va a prosperar. Para sacar adelante un proyecto, los promotores deben incorporar contribuciones para toda la población que equilibren los intereses de todas las partes.El hecho de que se multipliquen los intereses y todo se maneje de un modo más global es una evolución muy positiva, pues evita problemas posteriores que pueden ser difíciles de revertir. Mejor caminar juntos desde el principio que protestar después.
La regulación y la opinión pública son dos piezas clave para su actividad y, por tanto, seguro que sigue de cerca la forma en que se cubre la información de múltiples temas. Nuestro medio se ocupa principalmente de asuntos medioambientales: ¿ve usted alguna diferencia en el tratamiento de estos temas?
En cuanto a la opinión pública, el Medio Ambiente genera simpatía, tanto en redes sociales como en medios tradicionales. Son asuntos consolidados que demuestran que la sociedad va por delante del regulador; y a la sociedad, como es lógico, le genera recelo que haya voces ocultas que susurran al oído de quienes toman decisiones. Mientras que la defensa del medioambiente es percibida como algo amable, a los lobbies se nos ve como entes que queremos imponer intereses particulares por encima de los demás, una lectura que no refleja la realidad de nuestra profesión.
En regulación, eso sí, aún falta un marco claro. Igual que los proyectos de medio ambiente han entendido que deben ser respetuosos con su entorno, los lobistas hemos comprendido que debemos sacrificar cierta privacidad en favor de la transparencia: dar a conocer nuestra actividad hará cambiar la percepción que se tiene de nosotros.
La base de la estrategia que ayudé a establecer en APRI (la Asociación española de Profesionales de las Relaciones Institucionales) hace 15 años, y que he reproducido en PACE, es abandonar la opacidad y defender la transparencia como una forma de legitimar nuestra actividad. Confluyen dos motivos que me parecen obvios: por un lado, es lógico que la sociedad exija conocer con quién hablan los que toman las decisiones que luego les afectan; y por otro, una mayor transparencia sobre la actividad de los políticos actúa de freno ante actividades ilegales o inmorales, un mecanismo sencillo y gratuito para evitar y prevenir la corrupción.
Creo que nosotros como lobistas, en particular desde APRI y PACE, hemos trabajado mucho en este cambio de percepción. En España somos una profesión muy de moda, que está creciendo mucho, y me enorgullece decir que creo, honestamente, que se nos percibe cada vez más como lo que somos: la forma legítima y adecuada de canalizar intereses particulares hacia el poder político.
¿En qué punto está la reglamentación de los lobbies en España?
España dio un paso clave el pasado 8 de noviembre, cuando el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, un texto con el que el Gobierno aborda por fin una regulación que llevamos años impulsando desde Political Intelligence, a través de APRI.
Creo que el texto es un buen punto de partida, pues da respuesta a muchas de las cuestiones que siempre hemos reivindicado. No obstante, desde la asociación hemos identificado áreas susceptibles de mejora y hemos consensuado una serie de propuestas con las que enriquecer la redacción. Ya hemos trasladado estas propuestas al Ejecutivo en el proceso de audiencia e información pública y confiamos en que se tengan en cuenta nuestras recomendaciones. Al fin y al cabo, somos quienes nos enfrentamos al día a día de la profesión y quienes llevamos años pensando en cómo articular esta regulación.
Pero sin quedarnos en el detalle y volviendo al marco general, valoramos muy positivamente que por fin se afronte esta regulación que sin duda contribuirá a profesionalizar el sector. Ahora, pedimos ambición y agilidad en la tramitación. Los plazos son muy ajustados, por lo que vemos difícil que se apruebe en esta legislatura; aunque el Gobierno dice estar comprometido a sacarlo adelante antes de las próximas elecciones. Cuanto antes entre en vigor, antes haremos el sistema más transparente y accesible; y antes estaremos dotando al Estados de unas herramientas cruciales para luchar contra la corrupción y, en definitiva, reforzar la democracia.
Precisamente, la transparencia, la legitimidad y la veracidad de las fuentes son a todas luces fundamentos para desempeñar su profesión. En materia medioambiental, ¿se pueden garantizar estos tres pilares o hay alguno que presente más dificultades?
En España tenemos mecanismos suficientes para garantizar la transparencia tanto en el ‘Policy Making’ (elaboración de la legislación) como en su aplicación, además de contar con multitud de empresas firmemente comprometidas con la sostenibilidad. En este sentido, una de las tendencias que más me ha llamado la atención en los últimos años es que grandes empresas están agrupando en un mismo área Sostenibilidad y Relaciones Institucionales, pues entienden la sostenibilidad como un vector clave para relacionarse con el entorno. Son empresas que no quieren influir en la normativa laboral, ni en la fiscal, pero que sí tienen un gran interés por dar visibilidad y apalancar sus estrategias en torno a criterios sostenibles. Entre los sectores más comprometidos con la sostenibilidad podríamos citar al gran consumo o la distribución.
La otra cara de la moneda la representan sectores como la moda, que es la cuarta industria más contaminante del mundo y tiene aún mucho camino por recorrer. En nuestro país hay un sistema que establece una responsabilidad muy amplia del productor, por ejemplo, en el sector alimentario: la recogida de envases (yogur, leche) está supervisada, mientras que en la moda no hay ningún tipo de control y los ciudadanos no sabemos ni dónde tirar unos zapatos viejos. Es verdad que España y la Unión Europea están tomando medidas para corregir esta situación y me consta que los grandes fabricantes de ropa la recogen y reciclan, pero no es suficiente. Si exigimos responsabilidad a las empresas de Energía, al gran consumo, a la Industria, a los fabricantes… creo que es justo que todos los sectores cuenten con reglas equivalentes. Si no, las medidas de un sector quedarán en papel mojado ante las malas prácticas en otro y nos arriesgamos a que todo el esfuerzo haya sido en vano.
Source: www.nonsoloambiente.it